La alianza entre Repsol y el Ente Vasco de la Energía, Ibil, cuenta con más de 1.700 puntos en funcionamiento. Gracias a esta infraestructura se han suministrado más de 7GW de energía y se han gestionado más de 750.000 recargas, pero indica que todavía hay muchos problemas para el despliegue de la red que prevé el Anteproyecto de Ley de Cambio climático.

Según explica Aitor Arzuaga, director general de Ibil, la nueva ley introduce obligaciones de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales superen los 5 millones de litros, alcanzado el 10% de la red. Esta infraestructura de recarga deberá tener una potencia igual o superior a 50 kW. La obligación se impone a los titulares que presumiblemente disponen de mayor capacidad económica para hacer frente a la inversión.

La norma obligará a las estaciones de servicio que suministran más de 10 millones de litros a que tengan que poner en un plazo de 21 meses el punto de recarga. Esta situación afecta a cerca de 1.000 gasolineras. Y las que venden entre 3 y 5 millones de litros deberán hacer lo mismo pero con un plazo de 27 meses.
Para Arzuaga, del orden de un tercio de estas estaciones de servicio tendrá complicaciones para lograrlo y hasta un quinto de ellas sufrirá problemas serios, puesto que el coste de instalar estos puntos puede incrementarse notablemente de la media que calcula el Gobierno, que ronda desde los 30.000-40.000 euros hasta los 300.000 euros.

"Si lo vemos desde un punto de vista de un negocio liberalizado vale, pero si te lo están mandando por Ley, es un tema que alguien tiene que mirar. Es una complicación de la vida real, de los que estamos en el sector y tenemos mucha experiencia, pero creo que a la hora de plantear estas medidas no se ha tenido en cuenta", sostiene Arzuaga.

"Las dos o tres empresas que hemos analizado muchas estaciones de servicio en España somos conscientes del problema", explica y añade que esta situación afecta, principalmente a "las estaciones de servicio interurbanas, situadas hasta dos kilómetros del núcleo habitado o aquellas que están en los centros de las ciudades, porque la red no tiene margen de capacidad sobre los incrementos futuros".

"En estos casos se pueden dar dos escenarios, que las empresas distribuidoras asuman la inversión necesaria como refuerzos de red o que sea el cliente final el que tenga que cargar con los costes de esta instalación y posteriormente ceder los activos a la distribuidora. Habitualmente los costes se nos endosan", indica el director general de Ibil.

"El distribuidor tiene un poder inmenso para que esto se plantee como un refuerzo de red que pagamos entre todos en la tarifa o por el cliente final de ese punto de suministro. En los dos casos hay un punto en común, la red de distribución eléctrica, que va a condicionar mucho los costes de ejecución del mandato de la Ley de transición energética y si a alguien se le ocurre que en lugar del 10% sea del 20% el problema será mayor o peor si es del 50%" explica el directivo. "Sería bueno tener en cuenta el coste asociado a los mandatos de esta Ley y no solo los últimos 10 metros. Estamos hablando de unas actividades que van a precisar de unos refuerzos notables en el nivel local. Esos costes están ahí para una gente a la que le obligan a prestar un servicio que, además, es claramente deficitario", denuncia el director de Ibil.

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